El senador Aníbal Fernández, manifestó hoy en defensa del proyecto de ley para permitir el blanqueo de moneda extranjera que «creemos que antes que devaluar es preferible tener un manejo cuidadoso respecto de la divisa y tener una alternativa para que dineros negros, clandestinos, ociosos regresen para poder participar de la vida económica de la Argentina».
En la apertura del debate pasado el mediodía, Fernández, sostuvo que se trata de «una propuesta muy saludable para la Argentina».
A su vez, negó que se puedan filtrar capitales de origen ilícito al indicar que se tomaron recaudos para que además de que «no puedan entrar imputados por delito de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, el control se extienda a sus cónyuges y parientes hasta segundo grado de consanguineidad».
Como vocero del oficialismo, el senador kirchnerista destacó que «con la exteriorización voluntaria de depósitos de moneda extranjera , en el exterior o en el país que impulsa el Gobierno se busca dar una herramienta mas que nos permita seguir en la senda del crecimiento y de la creación de empleo».
NUEVOS NEGOCIOS
Fernández explicó que «se busca recuperar dinero ocioso, clandestino, al margen del mercado que están afuera y puede ser generador de nuevos negocios inmobiliarios y de infraestructura energética».
El senador rechazó que «se diga que no importan de donde vienen los fondos» y remarcó que «la AFIP será el organismo que analizará la evolución económica del contribuyente y demás entrecruzamiento de información para detectar situaciones irregulares».
«Nadie puede quedar eximida de las normas antilavado», sentenció, en tanto que aseguró que la ley de blanqueo se inscribe en la lucha declarada por el G20 contra los países fiscales.
En ese orden, recordó que el Foro de Trasparencia Internacional envió dos auditores que reportaron que la Argentina es uno «de los 22 países del mundo que aprobó el intercambio de información».
El ex ministro del Poder Ejecutivo apuntó también que «la Argentina ha tenido otros blanqueos» y mencionó el del 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y un «intento de blanqueo» en 2001 de la gestión de la Alianza, que dictó el DNU1387 de reformas impositivas y laborales» que «con 4 artículos autorizó un blanqueo, apuntó. MCP MAR
